logo


               facebooktwYT

Escándalo de corrupción en Canadá golpea a Trudeau a meses de las elecciones

Justin Trudeau. 

La exfiscal general Jody Wilson-Raybould acusó al círculo íntimo del mandatario de presionarla para que no avance en la investigación contra la constructora SNC-Lavalin, bajo la lupa por presunta entrega de sobornos en Libia. Según testificó, el Ejecutivo buscaba lograr un acuerdo extrajudicial con la empresa.
La exfiscal general de Canadá acusó el miércoles al círculo íntimo del primer ministro Justin Trudeau y otros funcionarios de intento de interferencia política en un proceso penal.

Jody Wilson-Raybould testificó ante el comité de Justicia del Parlamento, que está investigando la presunta intromisión de altos funcionarios del gobierno en el juicio por fraude del gigante de la ingeniería SNC-Lavalin, un caso que desató una tormenta política a solo ocho meses de las elecciones.

"Entre septiembre y diciembre de 2018, experimenté un esfuerzo constante y sostenido por parte de muchas personas dentro del gobierno para tratar de interferir políticamente en el ejercicio de la discreción fiscal, en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de procesamiento diferido con SNC-Lavalin", dijo Wilson-Raybould.

También dijo que se enfrentó a "amenazas veladas" y sugerencias del secretario del Consejo Privado de Canadá de que "se debe evitar un conflicto con el primer ministro en estos asuntos".

Y dijo que cree que en enero fue trasladada del ministerio de Justicia a otra cartera por la negativa a tomar medidas en el caso.

Durante semanas, el gobierno de Trudeau se ha visto sacudido por las acusaciones de que se ejerció una presión indebida sobre la exfiscal general por un acuerdo extrajudicial con SNC-Lavalin.

La firma con sede en Montreal fue acusada en 2015 de corrupción por presuntos sobornos a funcionarios en Libia entre 2001 y 2011 para asegurar contratos gubernamentales mientras estaba en el poder Muamar al Gadafi.

La compañía, su brazo internacional y otra subsidiaria están acusadas de ofrecer 47 millones de dólares canadienses (36 millones de dólares) en sobornos a funcionarios y de defraudar al gobierno libio por 130 millones de dólares canadienses (98 millones de dólares estadounidenses).

La firma argumentó que los responsables de las presuntas irregularidades se fueron hace mucho tiempo, y que responsabilizarla por sus acciones criminales perjudicaría gravemente su negocio.

Trudeau negó categóricamente cualquier participación directa, y dijo que le había dejado claro a Wilson-Raybould que cualquier decisión sobre el caso "como la fiscal general era solo suya", algo que ella confirmó en su testimonio.
Ámbito.-